El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha notificado la resolución dictada el pasado 2 de julio a las partes personadas en el expediente abierto contra las compañías petrolíferas en el año 2013.
La resolución sanciona con multa de 22.590.000 millones de euros a Repsol y otras sanes de menor cuantía a varias estaciones de servicio por quedar probada la existencia de prácticas restrictivas muy graves a la competencia en sus relaciones comerciales.
En concreto, la sanción alude a prácticas prohibidas de coordinación de precios de venta al público e intercambio de información estratégica entre proveedores de carburantes.
Entre las partes personadas en el expediente, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) es la única organización que figura en representación del sector del transporte por carretera.
La organización se personó en el procedimiento por los gravísimos perjuicios que las actuaciones habían ocasionado históricamente a las más 140.000 empresas de transporte de mercancías y viajeros que operan en España.
Según Fenadismer, estos perjuicios habían derivado en una pérdida de la competitividad por el mayor coste que suponía la adquisición del carburante en España ya que el combustible representa casi el 40% del total de los costes de explotación en una empresa transportista.
Sin embargo, Fenadismer considera que las sanciones impuestas a la petrolera por parte de la CNMC son insuficientes y no ejemplarizantes para disuadirla de continuar en dichas prácticas ya que las multas impuestas son irrelevantes en comparación con el importe de la facturación anual de su volumen de negocio.
De hecho, a Repsol ya se le impuso el pasado mes de marzo otra multa de 20 millones de euros por la Comisión Nacional de la Competencia, que evidencia que la finalidad disuasoria de las multas no produce sus efectos en la eliminación de las distorsiones reales de la competencia que se producen en el mercado de los carburantes en España.
No es raro que Fenadismer se persone en causas contra empresas privadas. De hecho, la federación ya denunció a principios de mayo que la planta embotelladora de Coca-Cola del noroeste de España había decidido prescindir de sus transportistas tradicionales y contratar en su totalidad al grupo logístico Sesé, con bases en Rumanía y Bulgaria.
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