Puerto Quetzal, en Guatemala, ha sido sometido a intervención pública a fin de realizar una auditoria y tomar las decisiones que se estimen pertinentes con respecto a su concesión. El interventor judicial ya está llevando a cabo su labor.
La Fiscalía de Guatemala solicitó ante los órganos judiciales la extinción de dominio para acabar con la concesión de Puerto Quetzal efectuada a TCQ por posibles irregularidades en la gestión, entre ellas la simulación de un contrato de usufructo.
La autoridad judicial aceptó la petición de la Fiscalía y el puerto ha sido intervenido. El abogado Alexander Aizenstatd ha sido nombrado interventor basándose en su amplia experiencia y profesionalidad.
Aizenstatd ha destacado que una de sus primeras acciones será el nombramiento de un auditor para que le ayude durante el proceso de intervención. El interventor ha reiterado además que su función es la de administrar y conservar el puerto con integridad y eficiencia, siendo su principal función la de poner el puerto en funcionamiento, no la de liquidar la terminal de contenedores.
El puerto de Quetzal es uno de los más importantes de Guatemala, pero no se le ha prestado la suficiente atención. De hecho, los expertos demandan una mayor inversión en puerto Quetzal.
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