Las organizaciones nacionales de transporte que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera se reunieron en el Ministerio de Fomento el pasado 25 de marzo para tratar los principales asuntos que afectan al sector.
Entre las cuestiones que se han acordado cabe destacar la reclamación del céntimo sanitario ilegal y la modificación de la regulación de las autorizaciones. Respecto al céntimo sanitario, las asociaciones nacionales de transportistas acuerdan elaborar un manifiesto público exigiendo al Ministerio de Hacienda que establezca un procedimiento ágil y sencillo de devolución del impuesto recaudado correspondiente a los años prescritos y reprobando los anuncios de posibles inspecciones contra los reclamantes que legítimamente ejerciten su derecho en ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Justicia.
De hecho, las asociaciones de transportistas creen que el sector podría recuperar hasta 2.300 millones de euros por la devolución del céntimo sanitario, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que había sido recaudado de forma ilegal entre 2002 y 2011.
Además, a propuesta de Fenadismer, se celebrará un Grupo de Trabajo Extraordinario con el objetivo de consensuar propuestas alternativas al proyecto de Orden Ministerial sobre el nuevo régimen de autorizaciones elaborado por el Ministerio de Fomento en aquellos aspectos “sensibles” desde el punto de vista social y económico que recoge el citado proyecto.
Se ha tenido muy en cuenta la nueva propuesta sobre limitación de la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte que afectan especialmente a los transportistas autónomos, así como las nuevas restricciones para que las empresas transportistas puedan sustituir o aumentar su flota de transporte.
Otros temas tratados fueron el mantenimiento periódico de reuniones con las asociaciones representativas de empresas cargadoras para abordar los temas que afectan conjuntamente a ambas partes: cláusula de plazos de pago, revisión automática de los precios en función de la variación del gasóleo, pesos y dimensiones, así como la solicitud a la Administración de un criterio uniforme en relación al fraccionamiento de las sanciones de transporte en relación con la realización de trámites administrativos por parte de las empresas transportistas.
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