19 - 11 - 2017

    Camioneros piden frenar monopolio en el sector

    El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans), Ovidio de la Roza, ha solicitado a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que investigue y frene las situaciones de absoluto dominio que considera se están registrando en el sector.

    En una carta dirigida a las administraciones y operadores del sector, denuncia que estas situaciones de monopolio por parte de determinados operadores de transporte y no pocos cargadores son las que están destrozando las reglas del mercado y de las buenas prácticas.

    De la Roza considera que Competencia está equivocada o mal enfocada, en relación a la multa que impuso a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y a la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (Transcalit) por una recomendación de precios colectiva.

    En opinión del presidente de Conetrans, los transportistas o sus asociaciones no han concertado precios, entre otros motivos porque resulta prácticamente imposible pactar nada que no sea a la baja en cuestión de precios con los clientes o los operadores.

    En este sentido, en su carta denuncia los “tiburones” que están entrando en el sector, “los denominados operadores de transporte”. Según indica, ofrecen “espectaculares y temerarias bajadas de unos precios ya de por sí depauperados a causa de la crisis”.

    “Se trata de operadores que ni siquiera cuentan con un sólo camión. Se limitan a subcontratar las cargas conseguidas a la parte más débil del transporte, a los autónomos y a las pequeñas empresas, que llevados por la desesperación no pueden sino aceptar sus humillantes condiciones”, explica De la Roza.

    Según asegura, todo ello, además del rechazo de los cargadores a negociar “asuntos transcendentales” como la cláusula de revisión de precios o los plazos de pago, está llevando al sector a una situación “extrema”.

    Por ello, el presidente de la patronal del sector llama a las administraciones públicas a “instaurar una normativa y una inspección eficaces contra las malas prácticas y los abusos”.

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