El Servicio Catalán de Tráfico dictó una instrucción por la cual se establecía que a partir del 1 de octubre ya no podrían circular más conjuntos de vehículos al amparo de la resolución aprobada en diciembre de 2012 por la que se autorizaba la circulación por las carreteras de Cataluña de vehículos de transporte de mercancías con 44 toneladas de masa máxima autorizada.
En consecuencia, “a partir de dicha fecha, los vehículos con placas FV rojas (placas de autorización para el transporte de 44 toneladas) deberán ser retiradas y circular estrictamente de acuerdo con las determinaciones de la normativa de circulación y de transportes vigentes”, dictamina el Servicio Catalán de Tráfico.
El propio Servicio Catalán de Tráfico reconoce que, pese a haber aprobado de forma unilateral dicha medida, carece de competencias en materia de pesos y dimensiones de los vehículos.
De este modo, la resolución que ahora queda sin efecto después de un año y nueve meses de aplicación es definida por el ente como una “prueba experimental por medio de la cual se ha recogido información abundante que permitirá evaluar la incidencia en sus diversos aspectos”, en base a los cuales el Gobierno catalán podría plantear “una propuesta de modificación reglamentaria en el marco de la legislación básica estatal, ya que el Servicio Catalán de Tráfico, de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual, solo tiene facultades de ejecución de dicha normativa”.
La regulación aprobada en su día por la administración catalana fue recurrida por Fenadismer y las restantes asociaciones nacionales de transportistas al considerar que la Generalitat de Cataluña no ostentaba competencias para regular sobre dicha materia al corresponder en exclusiva al Estado.
Además, las asociaciones consideraron que esta medida tenía como “efecto perverso” una competencia desleal en el sector del transporte al privilegiar a los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias de Cataluña para atraer más mercancías a dichos nudos logísticos, para su posterior trasvase a los vehículos de transporte autorizados con mayor carga, a diferencia de lo que se podía transportar en el resto del Estado.
Dicho recurso judicial está en la actualidad pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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