19 - 11 - 2017

    Fomento estudiará propuestas del sector transporte

    La ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha comprometido a estudiar las propuestas que tanto Ovidio de la Roza, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, como Marcos Montero, presidente del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, le transmitieron en una reunión celebrada el pasado 10 de abril.

    En relación con la LOTT, tanto De la Roza como Montero defendieron mantener la actual regulación en materia de transporte ligero, conservando el requisito de capacitación profesional, posibilitar el establecimiento de limitaciones, por razones de seguridad, en las operaciones de carga y/o descarga para los conductores de vehículos que requieran permisos de conducir de la clase C+E, e incrementar la reducción del importe de las sanciones, por pronto pago, hasta el 50%, en concordancia con la Ley de Seguridad Vial.

    Sin abandonar la LOTT, también se le propuso a la ministra liberar al empresario de la responsabilidad objetiva en aquellos casos en los que un conductor cometa una falta de indisciplina grave o muy grave que haya dado lugar a una sanción administrativa; limitar los plazos de pago de los servicios de transporte a 30 días, imposibilitando además el pacto en contrario; introducir una fórmula de proporcionalidad, según la dimensión de cada empresa, para aquellas sanciones que implican pérdida de honorabilidad; y considerar conductas exentas de responsabilidad, en lo relativo a Defensa de la Competencia, la asistencia a reuniones, la difusión de información, la suscripción de documentos o propuestas emanadas o respaldadas por autoridades o administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

    No quedó fuera de esta serie de asuntos la limitación de la cadena de subcontratación a tres niveles, con la excepción de casos de fuerza mayor y de aquellos trabajos que requieran de una determinada especialización, en los cuales será posible extenderla un nivel adicional, así como permitir que el transportista tenga ‘acción directa’ contra el cargador principal y contra todos aquellos que le hayan precedido en la cadena de subcontratación.

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