24 - 11 - 2017

    Renfe y CCAA trabajan para racionalizar los trenes de Media Distancia

    Renfe asegura que trabaja en la definición de los servicios de media distancia convencional que quedarán garantizados como obligación de servicio público.

    Así, la compañía indicó que “en caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, dicha comunidad podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe y asumir el coste del servicio”.

    En un comunicado, Renfe apuntó además que “trabaja en este plan de racionalización en un marco de amplia colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales”.

    En su comunicado, Renfe indica que “a través del plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, aprobado el pasado 28 de diciembre, se garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos”.

    La operadora asegura que el plan “compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias”.

    “De este modo, trenes de Larga Distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios y, en otros trayectos, podrán sustituirse con otros modos de transporte”, detalla Renfe. “Con ello, se logra un mejor ajuste que permite mantener las oportunidades de viaje. Además, se podrán en marcha mejoras de los horarios y el uso de trenes más pequeños”, añade la operadora.

    En su comunicado, Renfe además asegura que el plan se ha desarrollado “siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica”.

    Además, indica que en la actualidad “hay servicios ferroviarios que muestran importantes déficits”. “El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%”, explica. Asimismo, apunta que en algunos de ellos el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que abona el viajero.

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