En su tercera jornada de evaluación, los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) observarán los detalles del transporte, alojamiento y medios de comunicación en la capital española, en el marco de la candidatura de Madrid 2020.
Desde tempranas horas de este miércoles participarán en las ponencias sobre estos temas, en las que intervendrán el vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE) y consejero delegado de la candidatura Madrid 2020, Víctor Sánchez; el presidente de la Fundación Madrid 2020, Ignacio Fernández; y el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Joaquín Castrillo. También participarán el expresidente de los hosteleros de Madrid, Jesús Gatell, y la responsable de alojamiento de Londres 2012, Donna Taylor.
Sobre el tema de transporte tomarán la palabra el director de Calidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Carlos Cristóbal, y la especialista en transportes, Saioa Sancho.
Finalmente, la última ponencia del día será acerca de los procesos en los medios de comunicación y estará coordinada por el director de Comunicación de Madrid 2020, Ignacio Gómez Acebo, que ejercerá además de ponente junto al director de la Agencia de Comunicación Internacional de Madrid 2020, Jim Curley, y la arquitecta Lorena Segura.
Además de estos encuentros, los enviados del COI recorrerán posibles sedes de Madrid 2020, como el Hipódromo de la Zarzuela, el Club de Campo Villa de Madrid y los multiusos Madrid Arena y Caja Mágica.
Cabe destacar que esta jornada transcurrirá en paralelo con los paros parciales convocados por los sindicatos del Metro de Madrid, en protesta por la propuesta de la dirección de este organismo en la negociación del nuevo convenio colectivo, el cual consiste en una reducción de salario del 10 por ciento para toda la plantilla como forma de evitar 720 despidos.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, manifestó el pasado jueves que convocada durante la visita de la delegación del COI supone “un atropello a los ciudadanos” y sobre todo a “las legítimas esperanzas de empleo para 300.000 personas”.
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