La Central Nuclear de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, ha sido durante más de cuatro décadas uno de los pilares del sistema eléctrico español. Su aportación estable y predecible de energía la ha convertido en una referencia dentro del mix de generación, especialmente en un contexto de profunda transformación del modelo energético. Y, con la vista puesta en los próximos hitos regulatorios, el futuro de Almaraz se ha situado de nuevo en el centro del debate energético. Pero, ¿cuál es el papel de esta central dentro del sistema eléctrico de España?
Seguridad de suministro en un sistema en transición
Uno de los elementos que más peso tiene es su contribución a la seguridad de suministro. La central aporta energía de base de forma continua y proporciona inercia al sistema eléctrico, un factor relevante para la estabilidad de la red. Esta característica adquiere mayor importancia en un escenario de fuerte crecimiento de tecnologías renovables variables, como la eólica y la fotovoltaica, cuya producción depende de las condiciones meteorológicas.
Si bien la hibridación de tecnologías renovables y el desarrollo del almacenamiento ayudan a mitigar la intermitencia, el proceso se produce en paralelo a una creciente electrificación de la economía: vehículos eléctricos, centros de datos, climatización y descarbonización industrial incrementan la demanda eléctrica. En este contexto, la presencia de generación firme y libre de emisiones se considera un elemento de respaldo para evitar desequilibrios entre oferta y demanda.
Emisiones, dependencia energética y costes
Desde el punto de vista ambiental, la energía nuclear no emite CO₂ durante su operación. Mantener en funcionamiento una instalación como Almaraz permitiría reducir el recurso a centrales térmicas de gas en determinadas franjas horarias, especialmente cuando la producción renovable es insuficiente. Esta sustitución tendría un efecto directo sobre las emisiones y contribuiría a los objetivos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.
Ligado a ello se encuentra el debate sobre la dependencia energética. La generación nuclear reduce el consumo de gas natural importado y se apoya en un combustible —el uranio— que puede almacenarse a largo plazo, lo que aporta un mayor margen de planificación y autonomía estratégica frente a mercados internacionales volátiles.
En el plano económico, distintos análisis advierten de que un cierre anticipado de Almaraz podría trasladarse a mayores costes de suministro eléctrico. En ausencia de suficiente generación renovable o almacenamiento, la energía que dejara de producir la central tendría que ser cubierta por ciclos combinados, con un coste más elevado y una mayor presión sobre los servicios de ajuste del sistema, que ya han mostrado tensiones crecientes en los últimos años. Este factor podría influir en el precio final de la electricidad y, de forma indirecta, en la competitividad industrial y en el ritmo de electrificación de la economía.
Desde la perspectiva del sistema eléctrico, la nuclear aporta una potencia firme y gestionable que facilita la estabilidad de la red en un contexto de creciente penetración renovable. Todo ello refuerza la idea de que una eventual decisión sobre Almaraz debería enmarcarse en una estrategia de transición ordenada, que equilibre objetivos ambientales, seguridad de suministro y viabilidad económica.
Impacto territorial
El impacto socioeconómico es otro de los aspectos recurrentes en el debate. La central genera empleo directo e indirecto y actúa como motor económico en su entorno. Su continuidad permitiría mantener esta actividad durante más tiempo y facilitar una transición progresiva hacia otros modelos productivos, algo especialmente relevante en zonas con menor densidad industrial.
Fiscalidad y contexto europeo
A este debate se suma el marco fiscal. Un informe de la consultora EY señala que España es el país europeo que más penaliza fiscalmente a sus centrales nucleares. El estudio, que compara diferentes países con programas nucleares consolidados, destaca que España aplica impuestos específicos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, además del Impuesto sobre el Valor Económico de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y diversas ecotasas autonómicas. En conjunto, la carga fiscal específica del sector nuclear español alcanza los 28,6 euros por megavatio hora netos, muy por encima de la media europea, lo que incide directamente en los costes operativos de instalaciones como Almaraz.
Este diferencial fiscal sitúa a las centrales españolas en una posición de desventaja competitiva frente a sus homólogas europeas y reabre el debate sobre la coherencia de este esquema impositivo con los objetivos de seguridad de suministro, transición energética y neutralidad climática que la propia Unión Europea promueve.
Debate abierto y movimientos a favor de las nucleares desde el apagón
La posible extensión del funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 se apoya, según sus defensores, en informes técnicos y evaluaciones de seguridad ya realizadas, que avalarían su operación bajo los protocolos establecidos. Al mismo tiempo, la experiencia acumulada y la capacitación del personal son elementos que refuerzan la viabilidad técnica de una ampliación, en línea con decisiones adoptadas en otros países europeos.
Asimismo, y desde el apagón eléctrico registrado en abril de 2025 en la península ibérica, se han intensificado los movimientos a favor de mantener y reconsiderar el papel de la energía nuclear en España reabriendo el debate sobre la necesidad de contar con generación firme para garantizar la estabilidad del sistema. Estos posicionamientos no se articulan tanto desde una oposición a las energías renovables como desde la preocupación por la resiliencia de la red y el coste de los servicios de ajuste en un sistema cada vez más dependiente de fuentes variables. En paralelo, el apagón ha servido como catalizador para que se reclame un análisis técnico más profundo del calendario de cierre nuclear, alineado con la evolución real del almacenamiento, la demanda y las infraestructuras, situando la seguridad de suministro en el centro de la discusión energética.