Adif ha registrado 409 denuncias por sustracción de cable ferroviario durante el primer semestre de 2026, una cifra que se acerca al total contabilizado en todo 2025, el año con más denuncias por este tipo de delitos desde 2018. El incremento de los robos ha llevado al gestor de infraestructuras a intensificar la vigilancia en los puntos de la red con mayor incidencia.
La empresa pública recuerda que la sustracción de cableado utilizado en los sistemas de electrificación, señalización y telecomunicaciones tiene un impacto directo en la circulación ferroviaria. Además del coste económico, estos robos obligan a reponer con rapidez los elementos sustraídos para garantizar la seguridad de la infraestructura, lo que puede implicar cortes parciales o totales del tráfico y provocar retrasos en el servicio.
Adif señala que todas las sustracciones son denunciadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que mantiene una coordinación permanente para perseguir estos delitos, que afectan tanto a viajeros como a operadoras ferroviarias, empresas logísticas y al conjunto de la infraestructura.
La evolución de las denuncias muestra una reducción entre 2018 y 2020, cuando pasaron de 206 a 121 casos. A partir de entonces la tendencia cambió, con 279 denuncias en 2021, 392 en 2022, 360 en 2023, 345 en 2024 y el máximo de la serie en 2025. En solo los seis primeros meses de 2026 ya se han contabilizado 409 denuncias.
Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de denuncias en lo que va de año, con el 37,8 % del total, seguida de Aragón (23,13 %), País Vasco (6,97 %) y Castilla-La Mancha (6,22 %). Si se toma como referencia el periodo comprendido desde 2018, Cataluña también encabeza la estadística, por delante de Aragón, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.
Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsará una reforma del artículo 240 del Código Penal para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria. La propuesta busca adaptar la respuesta penal a la gravedad de estos hechos y reforzar la protección de una infraestructura considerada esencial para la prestación del servicio público.
