El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto destinado a impulsar la descarbonización del transporte y fomentar el uso de combustibles renovables. La nueva regulación establece una hoja de ruta con objetivos hasta 2040, con la que el Ejecutivo pretende ofrecer estabilidad al sector, favorecer las inversiones y acelerar la implantación de soluciones como la electricidad, el hidrógeno renovable y otros combustibles de bajas emisiones.
Uno de los principales cambios que incorpora la norma es la creación de los e-credits, un sistema que permitirá contabilizar la energía renovable consumida por los vehículos eléctricos. Este mecanismo abre la puerta a que los operadores de puntos de recarga obtengan ingresos adicionales mediante la certificación de esa energía.
En el transporte por carretera, el decreto fija una senda progresiva de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los combustibles suministrados, con un objetivo del 17,6 % en 2030 y del 30 % en 2040. A estas metas contribuirán, entre otros, el biodiésel y el bioetanol, que mantienen su regulación específica, así como el incremento del uso de biocarburantes avanzados, biogás, hidrógeno y combustibles renovables de origen no biológico. En conjunto, estos últimos deberán representar el 8 % del carburante en 2030 y alcanzar el 22 % en 2040.
La normativa también establece objetivos para otros modos de transporte. En el ámbito marítimo, los combustibles destinados al cabotaje deberán reducir sus emisiones un 9 % en 2030 y un 33 % en 2040. En el ferrocarril no electrificado se fija una reducción del 10 % y del 50 %, respectivamente, mientras que para el transporte aéreo se aplican los porcentajes previstos por el Reglamento europeo ReFuelEU Aviation, que contempla un 6 % de combustibles sostenibles en 2030 y un 34 % en 2040.
El cumplimiento de estos objetivos recaerá principalmente sobre los proveedores de combustible, responsables de suministrar energía renovable al mercado. Además, el decreto reconoce la figura de otros agentes, como los productores de combustibles renovables y los operadores de puntos de recarga, que podrán obtener y comercializar certificados para contribuir al cumplimiento de las metas fijadas.
Por otra parte, el Real Decreto regula los criterios de sostenibilidad aplicables a los combustibles renovables y crea un Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad, que permitirá controlar la trazabilidad de estos productos desde su origen hasta su comercialización. La norma también prevé un reconocimiento anual para las entidades que certifiquen el mayor volumen de energía renovable en el transporte mediante un distintivo de “líder en transición energética”
