Francisco Sánchez-Gamborino, abogado especialista en transportes y asesor jurídico de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), es reelegido por unanimidad vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asociación.
La reelección ha tenido lugar en la Iru, Unión Internacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las asociaciones nacionales del transporte por carretera de 75 países de los cinco continentes, ostentando estatuto consultivo en la Naciones Unidas, para lo que cuenta con una delegación permanente en Nueva York, y representa a la industria del transporte por carretera en numerosas organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea.
Además de este importante nombramiento para la asociación, la Iru ha reafirmado el compromiso con Astic manteniendo la Academia de Iru, que se ocupa de la formación profesional, como miembro del Patronato de la Fundación Francisco Corell, creada por la asociación.
De las diversas comisiones que conforman la Iru, una de las más laboriosas es la Comisión de Asuntos Jurídicos. Como vicepresidente de ella, Sánchez-Gamborino presidió el grupo internacional redactor del nuevo modelo de carta de porte CMR y actualmente trabaja en un modelo de acuerdo entre el transportista y el cliente para el uso de la dicha carta en su versión electrónica, además de encargarse de manera personal del estudio sobre el seguro de transportes.
Ramón Valdivia, director general de Astic, destaca que “esta reelección refuerza el papel que Astic juega en la Iru, y es un honor poder contar con Francisco Sánchez-Gamborino como asesor de la asociación, ya que dentro de la Iru, que tiene como objetivo la defensa de los derechos e intereses de las empresas de transporte por carretera, Francisco realiza una especial labor por las empresas españolas”.
Astic ha celebrado recientemente la jornada ‘Aspectos fiscales, jurídicos y administrativos en el transporte internacional’. El evento dotó a las empresas del sector transporte y la logística con los conocimientos básicos suficientes en materia jurídica, fiscal y administrativa para la apertura al mercado exterior.
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