Son muchos ya los movimientos, sobre todo en la parte norte del continente europeo, que están alertando acerca de la enorme cantidad de emisiones de CO2 que produce la industria de los vuelos, y en particular la del turismo, intentando reemplazar ciertas rutas aéreas por otras terrestres, menos contaminantes.
Como parte de esa presión que se produce desde el exterior, diferentes países de la Unión Europea entre los que se encuentran Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria, firmaron en las últimas horas una declaración conjunta, en la que piden a la Comisión Europea establecer un impuesto sobre la aviación civil, responsable del 2,5% de las emisiones mundiales de CO2.
España, en tanto, a decidido no manifestar su apoyo a esta declaración, ya que si bien la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que se trata de una “idea interesante”, primero prefiere saber cuáles son las consecuencias negativas que podrían producirse sobre el transporte aéreo.
“Creemos que una mejor coordinación de la imposición de la contaminación permitiría una aplicación más justa del principio quien contamina, paga. Estamos convencidos de que es necesaria una coordinación a nivel europeo”, señala el comunicado al respecto.
De este modo, más allá de los proyectos particulares que puedan tener algunas de las principales aerolíneas del mundo para reducir su emisión de gases contaminantes a la atmósfera, podría producirse un mejor control y una más justa evaluación de cada actor del segmento.
Desde Airlines for Europe han señalado, por su parte, que “los impuestos a la aviación son una forma ineficaz de perseguir objetivos ambientales, especialmente si los ingresos no se utilizan para invertir en tecnología aérea más limpia”.
