La Comisión Europea ha impuesto una multa de 550 millones de euros a AliExpress al considerar que la plataforma incumplió las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA) para identificar, evaluar y reducir los riesgos asociados a la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados dirigidos a consumidores de la Unión Europea.
Según la resolución, Bruselas concluye que la empresa no evaluó de forma adecuada la eficacia de sus sistemas de moderación y sobrestimó su capacidad para detectar y retirar este tipo de artículos. Entre las deficiencias señaladas figura la falta de recursos humanos para revisar contenidos, así como la insuficiente supervisión de los sistemas de recomendación y publicidad, que continuaron promocionando productos ilegales antes de que fueran retirados de la plataforma.
La investigación también apunta a que numerosos artículos, entre ellos productos falsificados, juguetes inseguros y cosméticos peligrosos, permanecieron disponibles durante semanas. Además, la Comisión considera que el sistema de sanciones a los vendedores no evitó que comercios reincidentes siguieran operando y que los controles sobre la clasificación de productos podían sortearse con facilidad mediante categorías incorrectas.
Otro de los aspectos cuestionados es el sistema de autorización de marcas implantado por AliExpress para prevenir la venta de falsificaciones. Bruselas sostiene que este mecanismo resultó insuficiente y carecía del personal necesario para impedir que numerosos productos llegaran a publicarse antes de ser eliminados.
La cuantía de la sanción se ha fijado teniendo en cuenta la naturaleza y duración de las infracciones, que la Comisión sitúa al menos hasta junio de 2025, así como el número de usuarios potencialmente afectados en la Unión Europea. También se han considerado factores atenuantes, entre ellos la reciente entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales.
AliExpress dispone ahora hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar un plan de actuación con las medidas previstas para corregir las deficiencias detectadas. Posteriormente, el Comité Europeo de Servicios Digitales emitirá un dictamen y la Comisión adoptará una decisión definitiva sobre los plazos para aplicar las medidas exigidas. El incumplimiento de esta resolución podría dar lugar a nuevas sanciones económicas.
