El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reforzar la vinculación de Ceuta y Melilla con la Unión Europea mediante su inclusión en la Unión Aduanera, el reconocimiento como regiones ultraperiféricas y una representación permanente en el Comité Europeo de las Regiones. Sin embargo, las dos primeras iniciativas requerirán complejos procedimientos y el respaldo de los socios comunitarios.
La propuesta surge tras la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio, que volvió a poner sobre la mesa el particular encaje de las dos ciudades autónomas dentro de la Unión Europea.
De las tres medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, la más sencilla de aplicar sería la presencia permanente de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, un órgano consultivo. La composición de la delegación española depende del Gobierno y, según las explicaciones recogidas por Europa Press, los cambios en su representación suelen tramitarse en un plazo aproximado de dos meses.
Más complejo será el proceso para incorporar a ambas ciudades a la Unión Aduanera. España deberá presentar una solicitud formal ante la Unión Europea, algo que todavía no se ha producido. La Comisión Europea tendría que analizar la petición y, posteriormente, el Consejo de la UE debería aprobarla por unanimidad, tras consultar al Parlamento Europeo.
El reconocimiento de Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas plantea aún mayores dificultades. La actual definición de estas regiones está vinculada, entre otros factores, a la insularidad y la lejanía, características que no cumplen las dos ciudades autónomas.
Según el procedimiento analizado, su incorporación a esta categoría requeriría una modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este proceso implicaría la participación de las instituciones comunitarias, los gobiernos y los parlamentos nacionales de los Estados miembros, además de la posterior ratificación por parte de los Veintisiete.
El Ejecutivo deberá, por tanto, concretar cómo y cuándo presentará sus propuestas ante las instituciones europeas. La complejidad de los procedimientos hace prever que el proceso pueda prolongarse durante meses.
