Los países y empresas que mantienen actividades de transporte marítimo deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos con los tripulantes de embarcaciones que están en altamar.
El llamado es de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, que mediante un comunicado conjunto con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de las garantías fundamentales y las empresas transnacionales.
Se incluyen, además, las empresas que operan y administran los distintos puertos.
Se trata de responsabilidades establecidas en el acta de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que deben respetarse, a pesar de la crisis humanitaria causada por la COVID-19 que afecta a cerca de 800.000 tripulantes que se encuentran varados en altamar.
La ONU advirtió que la flota mercante del sector opera cerca del 90% del comercio mundial y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó que a los operarios de los buques se les considere como “trabajadores esenciales”.