Las empresas de conservación recurrirán los nuevos contratos de carreteras por 1.000 millones
Las principales empresas dedicadas a la conservación y explotación de carreteras en España preparan un recurso contra el nuevo modelo de contratación aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La iniciativa podría paralizar una treintena de licitaciones valoradas conjuntamente en más de 1.000 millones de euros y retrasar su adjudicación hasta 2027.
La decisión ha sido respaldada por una amplia mayoría de los miembros de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex). La patronal considera que los nuevos pliegos convierten el procedimiento en una “subasta encubierta”, al otorgar al precio un peso prácticamente decisivo frente a otros aspectos relacionados con la calidad del servicio.
Acex estudia junto al bufete Ceca Magán las vías legales disponibles para presentar el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). El plazo para formalizar la impugnación concluye el próximo 27 de julio y la asociación prevé solicitar previamente la suspensión cautelar de los concursos.
El objetivo de esta petición es aportar mayor seguridad a las compañías interesadas, ya que el calendario actual establece el mes de septiembre como fecha límite para presentar las ofertas. En caso de que el tribunal acepte la paralización, las empresas no tendrían que preparar sus propuestas mientras se resuelve la validez del nuevo modelo.
Una posible paralización retrasaría las adjudicaciones hasta 2027
El TACRC, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, está resolviendo recursos similares en un plazo aproximado de tres meses. Si la suspensión se mantiene durante ese periodo, la decisión podría no conocerse hasta noviembre. Como consecuencia, la eventual adjudicación de los contratos podría trasladarse al próximo año.
El retraso tendría especial repercusión sobre la autopista de peaje AP-68 y las 11 autovías de primera generación que deben regresar a la gestión del Estado a finales de 2026. La concesión de la AP-68 finaliza en noviembre, mientras que las correspondientes a las autovías expiran en diciembre.
Transportes había previsto que los nuevos contratos de conservación estuvieran adjudicados antes de esas fechas para garantizar la continuidad del mantenimiento desde el primer día. Sin embargo, una suspensión de las licitaciones impediría completar el relevo según el calendario previsto.
Los actuales contratos de concesión de estas infraestructuras no incluyen cláusulas de prórroga automática. Por ello, el Ministerio dirigido por Óscar Puente tendría que buscar una alternativa que evitara que las carreteras quedaran temporalmente sin servicios de mantenimiento.
La opción considerada más viable sería recurrir a contratos de emergencia hasta que pudieran adjudicarse los servicios ordinarios de conservación. En el resto de los tramos incluidos en las licitaciones, los contratos actualmente vigentes contemplan la posibilidad de una prórroga de nueve meses.
Ante el recurso de Acex, el tribunal podría adoptar tres decisiones. La primera sería aceptar las reclamaciones de las empresas y obligar al Ministerio a redactar nuevos pliegos o recuperar el modelo anterior. La segunda consistiría en rechazar la impugnación y permitir que las licitaciones continuaran. También podría estimar parcialmente el recurso y ordenar la modificación de determinados puntos.
En caso de que sus pretensiones fueran desestimadas, la asociación todavía podría trasladar el conflicto a la vía judicial.
El sector cuestiona el peso del precio y la subrogación laboral
Acex asegura que lleva cerca de un año advirtiendo al Ministerio sobre los riesgos del nuevo sistema. Transportes, por su parte, defiende la reforma como una herramienta para combatir posibles prácticas corruptas dentro de la contratación pública.
La versión definitiva de los pliegos incorpora medidas destinadas a fomentar la innovación y la descarbonización, así como la obligación de presentar una garantía provisional. Esta última condición había sido solicitada por las propias empresas para impedir que sociedades sin suficiente capacidad presentaran ofertas con reducciones desproporcionadas.
Aunque la patronal reconoce estos cambios, considera que no modifican el fondo de la reforma. A su juicio, el precio continúa siendo el elemento determinante y el nuevo modelo no concede suficiente importancia a la calidad de las propuestas.
Tras la publicación de los pliegos el pasado 6 de julio, Acex realizó una consulta entre sus 32 asociados. Más de 20 empresas votaron a favor de recurrirlos, una se opuso y dos se abstuvieron. La asociación sostiene que el sistema no valora adecuadamente la calidad, pese a ser uno de los criterios reclamados desde las instituciones europeas.
Entre sus miembros se encuentran filiales de grupos como Acciona, FCC, Sacyr, OHLA, Vinci, Comsa, Eiffage, Azvi y Collosa, además de compañías especializadas como Alvac, Aceinsa y Elsamex.
Acex también ha pedido a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que participe en la impugnación, aunque la organización todavía debe decidir su postura. Anci analiza igualmente las posibles medidas, mientras que Seopan considera que el recurso debería canalizarse a través de Acex.
A la controversia sobre los criterios de adjudicación se suma un posible conflicto laboral. Los contratos relacionados con las autovías de primera generación excluyen de la subrogación a algunos de los trabajadores que actualmente prestan servicio en las concesiones.
Los afectados serían entre 20 y 30 empleados, principalmente responsables de determinados departamentos. Esta exclusión podría provocar reclamaciones judiciales por parte de los trabajadores o de las propias empresas, abriendo un segundo frente en unas licitaciones que resultan esenciales para garantizar el mantenimiento de una parte importante de la red estatal de carreteras.
