Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay han expresado su desacuerdo con estas acciones, que limitan la navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná. La principal preocupación es la imposición de un peaje unilateral, que los países afectados consideran arbitrario y fuera del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales.
A pesar de las objeciones planteadas por estos cuatro gobiernos, Argentina continúa implementando medidas de este tipo. Un ejemplo destacado es la orden de embargo e interdicción de salida de un barco completamente cargado y listo para zarpar, basada en el intento de cobro del mencionado peaje.
Esta acción se considera una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles, lo que puede afectar el precio de dichos insumos y exacerbar la vulnerabilidad de los países sin litoral.
Los gobiernos de los países mencionados han solicitado a Argentina la suspensión de la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte. Además, instan a Argentina a adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito, y a abstenerse de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta que se resuelva la controversia.
