La Autoridad Portuaria de Tarragona ha puesto en marcha una nueva instrucción operativa que regula la manipulación, el almacenamiento y el transporte interno de productos agroalimentarios dentro del recinto portuario. La normativa, aprobada por el consejo de administración y en vigor desde el 1 de julio, fija un conjunto de buenas prácticas para las operaciones con cereales, harinas y otros graneles agroalimentarios.
El documento ha sido elaborado de forma conjunta por la autoridad portuaria y los diferentes operadores de la cadena logística y será de aplicación en las tareas de carga y descarga de buques, el almacenamiento de mercancías y su transporte interno, así como en la expedición por carretera y ferrocarril.
La nueva regulación persigue reducir las emisiones de polvo, evitar pérdidas de mercancía y vertidos al suelo o al agua, prevenir la contaminación cruzada entre productos, reforzar el control de plagas y minimizar el impacto sobre la fauna y la flora. Además, forma parte de las medidas impulsadas junto al Ayuntamiento de Tarragona para hacer frente a la sobrepoblación de aves urbanas, limitando su acceso a los graneles agroalimentarios y mejorando la seguridad de las operaciones.
Entre las principales novedades, la instrucción establece procedimientos para minimizar la dispersión de producto durante la descarga de los buques, como un uso más preciso de las grúas, la limitación de la velocidad de trabajo y la reducción de las sobrecargas. También obliga a que camiones y vagones ferroviarios transporten la mercancía protegida con lonas, evitando pérdidas durante los desplazamientos y respetando las limitaciones de velocidad en las zonas de manipulación.
Asimismo, al finalizar cada jornada será obligatorio limpiar las áreas operativas para eliminar los restos de producto acumulados. En materia de almacenamiento, las naves deberán incorporar sistemas que impidan la entrada de aves, como puertas interiores de lamas, mallas metálicas en ventanas y sensores para controlar el cierre de las instalaciones. Las empresas concesionarias dispondrán de seis meses para adaptar las infraestructuras existentes, aunque la obligación de mantener las naves cerradas al término de las operaciones es efectiva desde la entrada en vigor de la nueva instrucción.