Un operador que invierta al menos 10 millones de euros. Eso es lo que busca la Autoridad Portuaria de Alicante, para así resolver los problemas de contaminación en la carga y descarga de graneles sólidos, que representa el 54% de su tráfico.
En el puerto hay incertidumbre los últimos meses, con la paralización de la actividad, por orden municipal y judicial. Resulta que las partículas y el polvo que produce la carga y descarga en el muelle 17 de minerales, cemento y materiales de construcción han provocado denuncias de las comunidades.
Hasta el propio ayuntamiento de Alicante ordenó paralizar la actividad creando una crisis institucional con la APA.
Y no es para menos, los graneles sólidos son el mayor tráfico con una gran diferencia ante los otros rubros. Con 1,87 millones de toneladas en 2017 representaron más del 54% de la carga total del recinto, a pesar de que retrocedió un 1,43% en 2017.
Para resolver el problema, la Autoridad Portuaria licitó la concesión de 22.000 metros cuadrados para construir y explotar durante 30 años una nueva terminal pública de graneles sólidos. En las bases deja bien claro que “el concesionario queda obligado” a recoger todas las obras en su propuesta “que deberá contener la construcción de naves cerradas (silos horizontales)”. Es decir, tendrá que ser cerrada para evitar las partículas.
Mientras tanto, las obras para ampliar el muelle 13, que será de 250 metros y 4.500 metros cuadrados de superficie total, avanzan al ritmo esperado. La inversión de tres millones de euros dotará a Alicante de un nuevo y moderno muelle que eliminará el movimiento de los graneles al aire libre y cerca de la ciudad, con nuevas medidas para evitar las nubes de polvo que genera el movimiento de cemento y clíncker.