La Comunidad de Madrid trabaja en una nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio con la que busca acelerar la disponibilidad de suelo destinado a usos logísticos e industriales. La iniciativa, ya en fase de tramitación, plantea reducir de forma significativa los tiempos administrativos mediante la implantación de Planes Estratégicos Municipales, cuyo horizonte de aprobación se situaría entre cuatro y seis años.
El objetivo es acortar los plazos actuales, que en algunos casos duplican esos tiempos. Así, el desarrollo urbanístico pasaría de una media de siete años a cuatro, con la posibilidad de reducirse hasta un año en determinados supuestos. Con esta reforma, el Ejecutivo autonómico pretende corregir las limitaciones del marco vigente, donde la aprobación de un Plan General puede prolongarse entre una década y doce años.
La falta de actualización del planeamiento es otro de los problemas detectados: solo 21 de los 179 municipios madrileños cuentan con instrumentos urbanísticos al día, lo que restringe la generación de nuevo suelo en un contexto de crecimiento económico y demográfico. Esta situación afecta especialmente al sector logístico, uno de los más dinámicos en Europa, pero condicionado por la escasez de espacios modernos y bien ubicados.
A este escenario se añaden mayores exigencias regulatorias y el aumento de los costes de desarrollo, factores que refuerzan la necesidad de contar con plazos claros y previsibles para atraer inversión. Desde el sector se subraya que el alcance de la futura normativa dependerá de su capacidad para resolver los principales cuellos de botella.
Entre las prioridades señaladas figuran la coordinación eficaz entre administraciones para evitar retrasos en informes, la simplificación del marco legal en un único texto más claro, la garantía de seguridad jurídica y la previsibilidad de costes, así como la disponibilidad de infraestructuras y acceso a energía suficiente para los nuevos desarrollos.
Asimismo, se apunta a la importancia de diseñar mecanismos de ejecución que permitan acelerar la transformación del suelo, manteniendo al mismo tiempo el control público, la transparencia y la seguridad jurídica en los procesos.
