Una avería en la catenaria registrada la tarde del lunes 1 de julio entre Los Yeles (Toledo) y La Sagra (Madrid) provocó el colapso del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, afectando a miles de viajeros en trenes de alta velocidad y media distancia. El incidente dejó varios convoyes detenidos durante horas, incluyendo uno con más de 300 pasajeros que permanecieron toda la noche a bordo sin luz, aire acondicionado ni acceso a baños.
Adif confirmó que la interrupción comenzó alrededor de las 20:50 horas del lunes, cuando se detectó una falta de tensión en la línea de alimentación eléctrica. Técnicos de mantenimiento trabajaron durante toda la noche para resolver la incidencia, y el servicio fue restablecido parcialmente pasadas las 11:00 de la mañana del martes, aunque con importantes demoras acumuladas.
Renfe, operadora afectada, cifró en más de 15.000 los pasajeros damnificados solo en la jornada del martes, y reconoció afectaciones en todas las rutas que conectan Madrid con Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Granada, Puertollano y Toledo. La compañía ofreció alternativas de reubicación y reembolso conforme al reglamento europeo, aunque los viajeros denunciaron una grave falta de información y atención a bordo.
Organizaciones de consumidores, como FACUA, recordaron que los viajeros tienen derecho a indemnizaciones del 50 % o del 100 % del importe del billete, según la duración del retraso. Además, exigieron mejoras urgentes en la atención al cliente en situaciones de emergencia.
Desde el Ministerio de Transportes se ha solicitado a Adif un informe detallado sobre la causa del fallo y las medidas de contingencia aplicadas. El incidente ha reavivado el debate sobre la fiabilidad de la red ferroviaria de alta velocidad en España y el nivel de inversión en su mantenimiento.
Pese a la reapertura de las vías, Renfe advertía que los retrasos se prolongarán durante varias horas hasta normalizar completamente la circulación. Las compañías trabajan ahora en la reprogramación de servicios y la atención a reclamaciones, mientras crece la presión política y ciudadana por una respuesta estructural ante este tipo de incidencias.
