La Comisión Europea ha confirmado la apertura de un procedimiento contra Alemania para estudiar el impacto y ámbito de aplicación del salario mínimo para transportistas así como su compatibilidad con la reglamentación europea, estando previsto que la Comisaria de Transportes se reúna con las autoridades alemanas a lo largo de esta semana.
Esta medida ha sido criticada por las asociaciones de transportistas españolas apuntando que se trata de un ejemplo de deslealtad y que dificulta la competencia en el sector del transporte a nivel europeo.
De hecho, las asociaciones nacionales que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera solicitaron por escrito a la ministra de Fomento, Ana Pastor, su intervención ante la Unión Europea en defensa de los intereses de las más de 27.000 empresas transportistas españolas que realizan transporte internacional debido a normativas como la alemana.
Bélgica y Francia también están en el punto de mira del sector del transporte español por la prohibición de descanso en cabina, que tienen como efecto atentar contra el principio fundamental establecido en el Tratado de la Unión sobre la libre circulación de personas y mercancías.
En tal sentido, el Ministerio de Fomento a través del Embajador Representante Adjunto ante la Unión Europea planteó dicha cuestión la semana pasada ante los directores generales de Transporte y Mercado Interior de la Comisión Europea, alertando sobre las consecuencias de la aprobación unilateral de dichas medidas y la necesidad de una defensa efectiva del Mercado Interior.
Para poder argumentar dicho procedimiento europeo contra la normativa alemana, el Ministerio de Fomento ha solicitado a las asociaciones de transportistas que se remita toda la información que sea posible sobre las pérdidas económicas que dicha medida puede estar suponiendo a las empresas transportistas que circulen por Alemania.
Las denuncias de asociaciones de transporte de España contra la normativa de otros países europeos son habituales. Por ejemplo, Fenadismer recomienda no abonar directamente las notificaciones de reclamación que han recibido más de 300.000 conductores españoles en los últimos meses por parte de las concesionarias de autopistas y autovías portuguesas, sino recurrirlas administrativamente.
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