El Pleno del Congreso debatirá este martes la proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña para crear un fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes, con el objetivo último de eliminar parte de los puntos de pago de las autopistas y reducir el precio del resto.
Según se destaca de la exposición de motivos del texto aprobado en la Cámara autonómica, Cataluña recibe una “escasa inversión” por parte del Estado, pese a que el número de peajes en su red de carreteras ha aumentado. Así, actualmente la región concentra el 18% de los peajes con concesión estatal y registra el 34% de las vías de pago de todo el Estado.
Ante esta “discriminación”, se pide incrementar la inversión pública, asignar recursos preferentemente a las infraestructuras con un elevado potencial de incidencia en el incremento de la productividad y realizar una gestión eficiente, así como una planificación sostenible, para prever el incremento de la demanda de los servicios de transporte de mercancías y de pasajeros en el futuro inmediato.
En concreto, el Parlament catalán plantea que antes del 31 de diciembre del año de entrada en vigor de la ley se cree y se regule un fondo de recursos para infraestructuras viarias de peaje y un fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes en cada comunidad autónoma de régimen común.
Este fondo debería nutrirse de los recursos generados por el pago de impuestos estatales y autonómicos por parte de las concesionarias de las autopistas de peajes, de las donaciones anuales establecidas en los presupuestos estatales y autonómicos, y de recursos provenientes de las sociedades concesionarias de autopistas.
Para “racionalizar la gestión del fondo recaudatorio y ajustarlo al máximo al diseño constitucional del Estado”, se propone también que sean las comunidades autónomas en cuyo territorio haya infraestructuras viarias de peaje las que los ejecuten, y que los criterios de asignación territorial de los recursos presupuestarios sea “proporcional al peso de la recaudación de estos peajes respecto al total del Estado”.
Además, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de la norma, cada Gobierno regional deberá determinar los peajes que deben ser eliminados, la reducción que debe aplicarse al resto, y establecerá un calendario para cumplir estos objetivos.
Recientemente, Fenadismer manifestó su alegría tras la falta de acuerdo de los grupos políticos que ha impedido la puesta en marcha de la implantación de carreteras de peajes en Guipuzcoa.
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