Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), denuncia que los cambios legislativos llevados a cabo por el Gobierno español en materia de morosidad “podrían significar un paso atrás en la buena dirección que había seguido hasta el momento”. Del mismo modo, Cañete insta al Ejecutivo a que “suprima las nuevas normas que permiten volver a alargar los plazos de pago discrecionalmente”.
Una de ellas es el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero, el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley. De ponerse en marcha, se encarecerían los costes de las pymes para cobrar en plazo, empeorando una vez más su situación financiera.
La otra modificación que pide la PMcM es la del artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obra tal y como marca la Ley de morosidad, y acabar así con la posibilidad de que puedan alargar los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes.
En opinión de Cañete, “si no se rectifican estas normas sin duda empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”.
La morosidad del sector transporte es una preocupación tan destacada en la actualidad que centró parte del debate de la mesa durante el Foro Nacional del Transporte celebrado el pasado 26 de marzo en el Hotel Auditorium de Madrid. Todos los participantes coincidieron en que el problema es la gran cantidad de subcontrataciones que se producen en la cadena de transporte.
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