España se ha unido al extenso grupo de países miembros de la Unión Europea que se ha acogido a la opción de solicitar una prórroga para la implantación del llamado cuarto paquete ferroviario, que incluye la obligación de liberalizar el transporte de viajeros. En principio, la fecha límite era la junio de 2019, pero para España y los otros 16 países que han solicitado la prórroga, el plazo se extenderá doce meses más.
La solicitud oficial de la prórroga no supone una sorpresa para el mercado, que ya tenía asumido que España retrasaría la trasposición de las directivas incluidas en el cuarto paquete. Puesto que el primer gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo un intento, que resultó fallido, de adelantarse a la fecha límite de 2019 y expedir un título habilitante para operar en una de las líneas de la red de alta velocidad. Tras casi un año de Ejecutivo en funciones, el Gobierno que tomó el relevo optó por apurar los plazos que daba Bruselas para que todo estuviera listo a partir de 2020.
Ahora habrá que esperar algo más, ya que será poco probable que haya trenes de pasajeros diferentes de los de Renfe circulando por la red española antes del año 2021. El Gobierno se ha dado más tiempo para preparar la trasposición de las directivas, que dará lugar al cuerpo legislativo por el que se regirá el funcionamiento del mercado liberalizado. Las prioridades del Ministerio de Fomento, ya desde la época de Íñigo de la Serna, pasan por otras vías, aunque el tiempo comienza a agotarse.
De esta forma, menos de una decena de estados miembros comenzarán a aplicar la liberalización a mediados del presente año. La Comisión Europea contemplaba la posibilidad de la prórroga para una adaptación más cómoda y paulatina al nuevo escenario.
