En tiempos de tráfico creciente, accidentes constantes y, sobre todo, coronavirus, las diferentes autoridades de las comunidades están intentando reglamentar de la mejor forma posible el trabajo de las compañías de transporte y reparto de mercadería en los centros urbanos, con toda clase de medidas que poco a poco se publican.
Algunas semanas atrás decíamos, por ejemplo, que Madrid trabajaba en una app para gestionar las zonas de carga y descarga y, en este caso, debemos detenernos en el acuerdo 76/2020 de la Junta de Castilla y León, donde se establece que los conductores de los vehículos dedicados a las entregas, no podrán realizar la carga y descarga.
En ese punto, que forma parte del Plan de Medidas de Prevención y Control de la Comunidad de Castilla y León frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se intenta evitar “contactos con el personal de conducción en el momento del intercambio de documentación en los sitios de carga y descarga”.
Más explícitamente, se indica que quien esté a cargo de las furgonetas “siempre que sea posible, no intervendrá en la carga y descarga, siendo ésta responsabilidad del centro donde se efectúe tal actividad, debiendo mantenerse dentro de la cabina o en las zonas específicamente habilitadas al efecto”.
Por otro lado, tanto la Confederación Española de Transporte de Mercancías –CETM– como la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León –FETRACAL-, se han mostrado de acuerdo con esta medida que, aprovechando la pandemia, repara una reclamación histórica de sus representados.
Veremos si esta decisión de la Junta de Castilla y León es el puntapié inicial de un cambio completo relacionado con el funcionamiento de la cadena de suministro, una demanda nacional de todos aquellos que consideran que las obligaciones profesionales de los conductores no van más allá de la conducción.
