Es un hecho. España no está cumpliendo los objetivos trazados respecto de la intensidad media de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el transporte a nivel nacional, como consecuencia del uso de combustibles tradicionales.
El acuerdo, que era de reducir un 6% estas emisiones para 2020 respecto de 2010, no se ha alcanzado en parte por la casi nula exigencia del gobierno a los suministradores de estos combustibles, incluso cuando por esta desidia nos estamos exponiendo a multas.
Incluso, la Comisión Europea abrió durante el pasado mes de septiembre una investigación para conocer los detalles de este incumplimiento. De no subsanarse en los nuevos plazos previstos, algo que difícilmente ocurra, se abrirá contra España de un procedimiento de infracción de la normativa continental.
Las autoridades no han incorporado a nuestra legislación ninguno de los objetivos planteados por la Directiva 98/70/CE de Bruselas, y si a eso le sumamos lo rezagados que nos encontramos en cuanto a la adopción de coches eléctricos, los malos resultados están a la vista.
Algunas fuentes del sector ya se han manifestado al respecto, señalando que la transposición debería realizarse lo antes posible, con el fin de evitar el incumplimiento definitivo de estos objetivos obligatorios. Sin embargo, parece que ya es demasiado tarde.
La única alternativa posible sería aumentar, de forma exponencial durante los próximos meses, el el consumo de biocarburantes y otros combustibles alternativos, lo que requiere de una inversión que muchos actores no están dispuestos a acometer.