El Gobierno ha autorizado la licitación de contratos por valor de 1.006 millones de euros, sin incluir IVA, destinados a la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. La actuación, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se desarrollará a través de seis expedientes divididos en 29 lotes que abarcan infraestructuras viarias de diez comunidades autónomas.
La inversión permitirá actuar sobre cerca de 3.670 kilómetros de carreteras, de los que 2.261 corresponden a autovías. El objetivo de estos contratos es garantizar unas adecuadas condiciones de circulación, seguridad vial y accesibilidad en la red estatal, además de incorporar medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones asociadas a la gestión de las infraestructuras.
Los contratos tendrán una vigencia inicial de tres años, aunque podrán ampliarse mediante una prórroga de dos años y una extensión adicional de hasta nueve meses.
Cataluña será la comunidad autónoma que concentrará la mayor dotación económica, con 216,32 millones de euros destinados al mantenimiento de distintos tramos de la AP-7, la AP-2 y la B-30 en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. Le siguen Castilla y León, con 188,4 millones de euros para actuaciones en Burgos, León, Valladolid y Soria, y Castilla-La Mancha, que recibirá 183,9 millones para trabajos en Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real.
También destacan las inversiones previstas en Aragón, con 148,68 millones de euros para varios corredores viarios de la provincia de Zaragoza, y en la Comunidad Valenciana, donde se destinarán 83,78 millones a carreteras de Alicante y Castellón. En la Comunidad de Madrid se invertirán 60,76 millones para la conservación de distintos tramos de las autovías A-2 y A-4.
Además, los contratos incluyen actuaciones en La Rioja, Asturias, Galicia y Andalucía. En todos los casos, las intervenciones se centrarán en labores de mantenimiento, conservación y explotación de vías estratégicas de la red estatal con el fin de preservar su funcionalidad y mejorar las condiciones de servicio para los usuarios.
