Si los principales países del mundo quieren impulsar la adopción de los medios de transporte alternativos, no sólo deben rebajar sus precios y ayudar a su despliegue, sino también castigar el uso de los tradicionales. En España, sin embargo, esta situación dista de ser la actual.
Podemos saberlo gracias a los últimos estudios de Ecologistas en Acción, y más precisamente de la Federación Europea Transport & Environment, que analizan los impuestos que se le aplica al uso de combustibles en los Estados miembros de este bloque.
A partir de esa revisión, nos encontramos con que mientras muchas de estas naciones ya han declarado la emergencia climática a su modo, los impuestos a los combustibles son menores que hace dos décadas. Es decir, se observa una clara contradicción entre ambas cuestiones.
Considerando la inflación que se ha producido desde 1998 hasta el año pasado, podemos ver que los gravámenes sobre hidrocarburos han disminuido de 64 céntimos el litro a 54 céntimos el litro. Esto, a pesar de que el transporte es el culpable de un 21% de la emisión total de gases de efecto invernadero de la UE.
España es uno de los casos más alarmantes según los investigadores de Ecologistas en Acción, al colocarse como el sexto país que menos impuestos establece sobre el consumo del diésel. Y además, apenas supera a cinco naciones con menor renta per cápita: Luxemburgo, Bulgaria, Polonia, Hungría y Lituania.
La situación requiere de medidas urgentes, sobre todo si tenemos en cuenta que los Estados miembros limítrofes con España, tanto Francia como Portugal, son los que más gravan el diésel, lo que demuestra que pueden producirse cambios sin por eso congelar la economía.
