El Reino Unido ha impuesto una estricta prohibición sobre la introducción de productos alimentarios de origen animal en su territorio, medida que afecta tanto a particulares como a profesionales del transporte de mercancías. Según informa Froet esta normativa busca prevenir la propagación de enfermedades y se aplica sin excepciones, incluso a los conductores procedentes de países de la Unión Europea que cruzan el Canal de la Mancha para realizar entregas en el archipiélago británico.
Tradicionalmente, muchos transportistas llevan consigo alimentos desde sus países de origen para consumir durante las rutas de larga distancia. No obstante, a partir de ahora, introducir cualquier tipo de carne, embutido, fiambre, paté, bocadillos preparados, platos cocinados, o productos lácteos como quesos, yogures o leche, puede suponer serias consecuencias. La normativa no distingue entre cantidades pequeñas o grandes ni entre usos personales o comerciales: cualquier producto de origen animal está sujeto a esta prohibición, aunque haya sido adquirido legalmente en supermercados o tiendas libres de impuestos dentro de la Unión Europea.
El incumplimiento de esta regulación puede derivar en la incautación de los productos en frontera y la imposición de sanciones económicas que podrían alcanzar hasta las 5.000 libras, aproximadamente 5.860 euros. Esta estricta medida se enmarca en la política de bioseguridad del Reino Unido tras el Brexit, destinada a reforzar el control sobre la introducción de bienes susceptibles de portar enfermedades animales.
Desde Froet advierten a los transportistas de la importancia de respetar esta normativa para evitar sanciones y problemas en las operaciones de transporte internacional. Recomiendan revisar a fondo el contenido de los vehículos antes de emprender la ruta hacia el Reino Unido y prescindir de cualquier alimento prohibido.
La nueva regulación representa un reto adicional para los profesionales del transporte por carretera, que ahora deben planificar su aprovisionamiento de alimentos exclusivamente en territorio británico. Esta medida refuerza la separación normativa entre el Reino Unido y la Unión Europea en materia de controles fronterizos y pone de manifiesto el impacto práctico que continúan teniendo las decisiones derivadas del Brexit sobre la operativa diaria de sectores estratégicos como el transporte internacional.