Astic, Asociación del Transporte Internacional por Carretera, se opone totalmente a la propuesta llevada a cabo por Aseta, Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje, para implantar nuevos peajes en las autovías españolas.
La propuesta, llevada a cabo por Luis Feito, presidente Aseta, pretende desarrollar un plan de inversión para las autopistas de peaje maduras de unos 1.300 millones de euros al año y la implantación de peajes en autovías, ahora gratuitas, para ingresar hasta un máximo de 10.000 millones de euros, según Astic.
Para Astic, dicha propuesta solo busca un aumento en la recaudación, sin tener en cuenta los costes derivados de esta medida. Un incremento en el número de peajes no sólo provocaría un castigo a los bolsillos de todos los españoles, sino que también supondría una caída en la competitividad de sectores fundamentales como el del transporte por carretera.
La proposición hecha al Gobierno por Aseta, asegura que esta medida generaría unos 24.000 puestos de trabajo, pero no tiene en cuenta los más de los más de 500.000 empleos directos que genera el sector del transporte por carretera y que con este tipo de propuestas verían muy complicada su continuidad.
Para Ramón Valdivia, director general de Astic, “este tipo de propuestas suponen una golpe más al sector del transporte por carretera, que ya ha visto como en los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, la mayor parte de las inversiones, concretamente el 51%, iban destinadas al sector ferroviario. Esto supone el doble de la inversión destinada a las carreteras. Desde Astic, queremos destacar una vez más la importancia de un sector estratégico como el del transporte por carretera, que cada vez está siendo más perjudicado, algo que sin duda repercutirá en el conjunto de la economía”.
Recientemente, Astic ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los seis transportistas españoles que llevan más de nueve meses atrapados en Sierra Leona a la espera de que se resuelva la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran, tras haberles sido retirados sus pasaportes, documentación y vehículos por las autoridades del país africano.
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