El incendio declarado la pasada semana en las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos ha abierto un complejo escenario técnico y económico cuya resolución dependerá de un único factor: el vehículo en el que se originaron las llamas. El siniestro, que se produjo en una de las naves de almacenamiento de la flota municipal, se saldó sin víctimas ni heridos, pero con un balance material devastador tras calcinar 39 autobuses, cerca de la mitad del total operativo.
Las primeras investigaciones han confirmado que el fuego fue de carácter accidental y que comenzó en uno de los propios vehículos estacionados en el interior de las instalaciones. Sin embargo, a medida que avanzan los trabajos periciales, el foco se ha desplazado hacia una cuestión clave: determinar si el autobús en el que se inició el incendio era propiedad del Ayuntamiento o formaba parte de la flota en régimen de rénting.
La diferencia entre autobuses propios y de rénting
Este matiz resulta determinante debido a la configuración de los seguros. De los vehículos afectados, 18 eran de titularidad municipal y cuentan con una póliza a terceros, una práctica extendida históricamente en Burgos y en otros sistemas de transporte urbano, como el de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Esto implica que, si el origen del incendio se sitúa en uno de estos autobuses municipales, el seguro no cubriría los daños propios, obligando al Ayuntamiento a asumir la pérdida de sus vehículos, aunque sí respondería por los daños ocasionados a terceros, en este caso los autobuses en rénting.
Por el contrario, si el informe definitivo concluye que el incendio se inició en un vehículo de rénting, sería la compañía aseguradora vinculada a la empresa concesionaria la que debería hacerse cargo de los daños, incluyendo los sufridos por los autobuses municipales. En este escenario, el impacto económico recaería fuera de las arcas públicas, trasladándose a la estructura aseguradora del servicio.
Los peritos buscan el punto exacto de inicio
Los peritos ya han señalado que el incendio pudo originarse en un autobús de gas, lo que refuerza la hipótesis de un fallo técnico fortuito. No obstante, la identificación concreta del vehículo sigue siendo objeto de análisis, ya que de ella depende el reparto final de responsabilidades en un siniestro que se perfila como un “roto millonario” para una de las partes implicadas.
Mientras se resuelve este aspecto, el Ayuntamiento trabaja en la reorganización del servicio de transporte urbano, gravemente afectado por la pérdida de casi la mitad de su flota. Las soluciones provisionales pasan por reforzar el servicio con vehículos externos y acelerar los procesos de reposición, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y la espera de los informes definitivos que determinen quién asume finalmente el coste de la catástrofe.




