El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga, hasta el próximo mes de octubre, de las medidas de apoyo al sector del transporte adoptadas a raíz del conflicto con Irán. Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha señalado que la extensión de estas ayudas responde al calendario previsto por el Ejecutivo.
Según explicó el ministro, el paquete de medidas aprobado el pasado mes de marzo ha contribuido a contener la inflación en España, con una reducción media de un punto porcentual mensual mientras ha permanecido en vigor. Además, aseguró que las ayudas han tenido un efecto directo sobre el precio de los carburantes, favoreciendo una bajada de los costes para los consumidores.
Cuerpo destacó que, aunque en las últimas semanas se aprecia una moderación de la incertidumbre internacional y una disminución tanto de la volatilidad como del precio de los combustibles en los mercados, el proceso de normalización aún no se ha completado. Por ello, el Ejecutivo ha optado por mantener las medidas de apoyo dirigidas a los profesionales del transporte y al sector primario.
Entre las actuaciones prorrogadas figura la ampliación, hasta el 30 de septiembre, de las ayudas extraordinarias para compensar el coste del gasóleo de uso profesional. Estas bonificaciones beneficiarán tanto a los transportistas que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como a aquellos que no pueden acogerse a ese régimen, entre ellos autónomos, sociedades con licencias de transporte y operadores de autobuses urbanos.
No obstante, la rebaja fiscal irá reduciéndose de forma progresiva conforme evolucionen los mercados. La bonificación será de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre.
El Ejecutivo también mantendrá un mecanismo automático que permitirá recuperar la ayuda inicial de 20 céntimos por litro si la situación internacional vuelve a deteriorarse.
Asimismo, el Gobierno reforzará los sistemas de control y seguimiento para garantizar que las rebajas fiscales se trasladan al precio final de los carburantes. Para ello, ampliará las obligaciones de información de los operadores y reforzará la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para recabar datos del sector.
Según las estimaciones del Ejecutivo, el conjunto de estas medidas supondrá un ahorro de 1.254 millones de euros para los contribuyentes.
