La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) denuncia que la Generalitat de Cataluña está decidida a ampliar su “campaña de acoso” contra los camiones que circulan por las carreteras catalanas que ya inició el pasado año 2013, cuando acordó prohibir la circulación de los camiones en 90 kilómetros de la Nacional 2 (N-II) en la provincia de Gerona hasta la frontera francesa.
Esta normativa catalana obliga a los conductores a circular por la autopista de pago AP-7, decisión que fue recurrida por Fenadismer junto con sus organizaciones catalanas Agtc y Astac ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que está aún pendiente de resolución judicial.
En un nuevo intento por expulsar a los camiones de las carreteras nacionales, la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña ha anunciado un principio de acuerdo entre el Gobierno autonómico y el Ministerio de Fomento para mejorar la movilidad entre Lérida y Tarragona y potenciar las comunicaciones, mediante la construcción de nuevos ejes viarios.
Dicho acuerdo incluye la prohibición en próximas fechas de la circulación absoluta de camiones las 24 horas del día y los 365 días del año en 40 kilómetros correspondientes a la Nacional 240 (N-240), en concreto, entre las localidades de Borges Blanques y Montblanc, la cual discurre paralelamente a la autopista de peaje AP-2, obligando a los transportistas a circular por dicha vía de pago, gestionada por la concesionaria Abertis.
Las asociaciones de transportistas catalanas, que han constituido una plataforma unitaria de reivindicación, anuncian su rechazo a esta prohibición, que sólo aceptarían si se les ofrece a los transportistas una vía alternativa libre de pago.
Por ello, han anunciado que, de confirmarse un acuerdo definitivo en estos términos, estudiarían las medidas de respuesta contra dicha prohibición.
Ésta no es la única normativa con la que no se muestra conforme la Federación. De hecho, Fenadismer y la Asociación Nacional de Transportistas Portugueses (ANTP) han valorado muy negativamente la reciente aprobación este mes por parte del Gobierno portugués del Decreto-Ley 133/2014, por el que se modifica el Reglamento que fija los pesos y dimensiones máximos autorizados para los vehículos en circulación.
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