Tal y como deja entrever la Comisión Europea en el informe sobre el plan de recuperación nacional, España tendrá peajes desde 2024, una situación que se viene discutiendo desde hace tiempo pero que, todo indica, culminará probablemente con estos cobros sobre el uso de las vías estatales de gran capacidad de aquí a tres años.
El caso es que, como parte de un anexo del documento en cuestión, se incluyen las reformas que el Gobierno tiene pensadas para alcanzar una movilidad segura, pero también sostenible y conectada, y entre ellas aparece el “internalizar el costo externo del transporte por carretera, creando así incentivos para una mayor eficiencia”.
El reporte, que abarca algunas de las consecuencias que produciría la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación, explica que el Gobierno “deberá prever, al menos, el establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado”, bajo el precepto de que aquel que contamina, debe pagar un canon por ello.
Siempre de acuerdo a la Comisión Europea, antes del 31 de diciembre de 2023 tienen que aprobarse los sistemas de financiación para el transporte urbano en los diferentes municipios, además de las reformas fiscales que contribuyan a la transición ecológica, las que deberán ser presentadas para el 30 de junio de 2022.
Hay que recordar, en tal sentido, que el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos quiso calmar las aguas afirmando que habían mencionado la medida para “abrir un debate” al respecto, y que “en ningún caso” tienen pensado implantar peajes sin el apoyo de las demás fuerzas políticas.
En cualquier caso, es un hecho que ya se analizan posibles tarifas, las cuales según las primeras filtraciones estarían más cercanas al céntimo por kilómetro de lo que demanda la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras, SEOPAN, para un gasto anual de entre 162 y 195 euros por coche.
